El desafío de los barrios cerrados
Desde 1993, la cantidad de urbanizaciones cerradas no paró de crecer. El fenómeno es global, pero en Córdoba tiene características económicas y sociales particulares.
Si en una reunión de consorcio se les pregunta a los habitantes de un barrio cerrado por qué eligieron vivir ahí, un 70 por ciento respondería que para tener más seguridad.
Esto suele repetir un administrador con varios countries y urbanizaciones cerradas a cargo, y si bien no tiene rigor científico coincide con una vieja verdad de la sociología: las representaciones sociales –ideas, sentimientos, modelos de acción– son tan convincentes como los hechos concretos.
Pero las representaciones no necesariamente reflejan la realidad. Ejemplo: en los primeros cinco meses de 2010, el Hospital de Urgencias atendió 316 personas heridas por arma blanca o de fuego, contra 3.100 (100 por ciento más) de heridos en accidentes de motos. Sin embargo, la sensación de inseguridad le gana por goleada al temor a sufrir un accidente de tránsito en el centro de Córdoba.
La comparación pone en evidencia la importancia que tienen las representaciones sociales a la hora de guiar las decisiones, promover modelos de conducta y, por lo tanto, influir en el rumbo de la sociedad.
Desde que en 1993 se inauguró Las Delicias –el primer country aprobado por el municipio–, los emprendimientos urbanos cerrados no pararon de crecer, salvo en el lapso 2001-2002, en plena crisis.
Hoy podemos decir que después de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y municipios aledaños (Unquillo, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño, Alta Gracia, La Calera, entre otros) tienen el mayor número de urbanizaciones cerradas de Argentina, en sus muchas variedades.
Según un estudio de la arquitecta especialista en desarrollo urbano Claudia Romo, entre 1990 y 2006 se crearon 54 countries y barrios cerrados en la capital y el Gran Córdoba.
En total, ocupaban 42 kilómetros cuadrados en 2007. Cruzando los datos que surgen de investigaciones universitarias posteriores a ese año, se puede deducir que no menos de 52 kilómetros cuadrados corresponden a urbanizaciones cerradas. ¿Es mucho, es poco?
De acuerdo a Wikipedia, la ciudad de Bruselas –sede administrativa de la Unión Europea– abarca 32 kilómetros cuadrados. Una comparación más próxima, la ciudad de Santa Fe, tiene 65 kilómetros cuadrados y Punta del Este, 67.
Sin embargo, hay matices. Desde los countries con sofisticados sistemas de seguridad a los barrios cerrados con alambrada perimetral y accesos abiertos, pasando por los más nuevos condominios suburbanos o las urbanizaciones de chacras en predios rurales, las alternativas son diversas.
Lo cierto es que en poco más de 15 años este fenómeno ha cambiado la fisonomía de Córdoba y de municipios vecinos.
La inseguridad no es la única explicación de este fenómeno. Hay otras cuestiones que incidieron: un creciente deseo de vivir en entornos con más verde y naturaleza, la búsqueda de mantener cierto nivel social y, más recientemente, la dificultad de sectores de medianos recursos para encontrar casa en la Capital.
Boom, ¿y después? En la explosión de urbanizaciones cerradas, la cuestión normativa ha sido todo un tema.
Si bien en la ciudad de Córdoba la ordenanza 8.606 reglamentó las condiciones que deben cumplir los countries (parcelas de no menos de 1.000 metros cuadrados, superficie destinada a uso común del 30 por ciento de la urbanización, club house , entre otras)
Nada dice de los “barrios cerrados”, rótulo vendedor pero sin existencia legal. Para el municipio son como Alberdi o San Vicente, barrios abiertos, aunque los vendan con alambradas y promesas de mayor seguridad.
En los municipios vecinos a la Capital, la superposición de normas o la lisa y llana ausencia de un marco que regule la urbanización de amplias zonas rurales o serranas facilitaron el boom inmobiliario impulsado por el sector privado.
El gobierno provincial, a través del Instituto de Planificación del Área Metropolitana (Iplam), elaboró un proyecto de uso de suelo que contempló, entre otros aspectos, esta situación.
La iniciativa, consensuada con 15 comunas del área metropolitana, fue convertida en ley en septiembre pasado. (Ver nota aparte “El crecimiento sin modelo...”).
A la vez que respondieron a la demanda de un sector de la población, los complejos habitacionales cerrados generaron nuevos desafíos urbanos.
Alta ocupación de suelo, presión en la infraestructura e impacto en el espacio público son algunas de las consecuencias que trajo aparejado este fenómeno. Esto ha generado un debate amplio entre investigadores y especialistas en la cuestión urbana.
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Fuente: http://www.lavoz.com.ar